¿Contra qué va el “frente” del que habla Severino García Vigón?

Cuando los empresarios asturianos alzan tímidamente su voz, para pedir un “frente común” en la región, con Severino García Vigón al frente, para defender la financiación de la comunidad autónoma, alegando que es pronto para empezar a debatir este asunto, intentan obviar que este debate se abre a intancias del presidente catalán José Montilla -que lanzó un ultimátum en el diario El País, en respuesta a un artículo del ex presidente Felipe González, unánimemente respaldado por la opinión de todos los partidos y “agentes sociales” catalanes, que cuentan a su favor con que lo que piden -negociar de tú a tú con Madrid, una reducción de sus aportaciones a las arcas del Estado, en función de lo que Cataluña paga y recibe, las llamadas “balanzas fiscales”- está recogido como un derecho en el nuevo Estatuto de Autonomía catalán aprobado en el Congreso de los Diputados, e impulsado personalmente por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esta petición ha sido aplastantemente respaldada por la sociedad catalana.

Conviene tener en cuenta, que como dice Vigón, éste es un mal momento por el escenario de crisis, lo que no sólo significa que la prioridad para el debate debiera ser diferente, sino que además hay otra cuestión si cabe más importante para el asunto que nos ocupa, como es la reducción de ingresos de las comunidades autónomas y ayuntamientos, a causa del parón económico, que genera una menor recaudación fiscal por los conceptos de los que se nutren las arcas de Asturias y de los ayuntamientos asturianos, como los de toda España, que se añade a la menor recaudación del propio Estado.

La dura realidad es que España no fabrica dinero, que era la solución -precaria- para estos casos en el pasado. Los fondos del Estado ni paren ni preñan. Se nutren de los impuestos que pagan los ciudadanos de toda España. Si Cataluña avanza hacia el sistema vasco de cupo, lo que supone en la práctica una aportación cero -porque ni siquiera transfieren lo que deben como denuncia Mikel Buesa, asunto del que los políticos eluden hablar-, el Estado tiene menos ingresos, y esa minoración va a gravitar inevitablemente sobre las comunidades autónomas restantes, que tienen una mayor dependencia presupuestaria de Madrid.

Así pues, llega la hora de la verdad y el final de las majaderías, porque el efecto combinado de la crisis con la reducción inevitable de los ingresos procedentes de la recaudación global que ejecuta todavía Madrid, para proceder a su reasignación, se va a unir a la sensible disminución de la recaudación delegada en Asturias por el sistema autonómico, lo que debería obligar a cambiar el discurso de todos, empresarios incluidos, que forman parte del coro de instituciones dedicadas a generar gasto suntuario en la comunidad, como es el caso de los grandes despilfarros en formación que se pactan en acuerdos como el ACEBA, que si siempre fueron intolerables como mecanismos de financiación de instituciones superfluas, ahora lo van a ser mucho más, pues el Principado se tiene que enfrentar a partir de estos momentos a la realidad de su propia situación económica y los compromisos de gasto inútil, alimentados por políticos, empresarios y sindicalistas, del tipo del nuevo hospital que nos empantana, el HUCA, la televisión pública, la formación no reglada, la publicidad institucional, así como el resto de mecanismos de despilfarro e ineficiencia institucional que nos lanzan precipicio abajo.

¿Qué eficacia puede tener en Madrid, en una situación así, un “frente asturiano”? Ninguna. Entretenernos a los asturianos si acaso. Ninguna otra. Y lo que salta a la vista es que los asturianos debemos hacer algo para impedir que nuestros intereses, materializados en la situación financiera de nuestros servicios públicos, se sigan despeñando por el precipicio, aen camino hacia una situación cierta de crisis, cuyas causas ya intentan ocultarnos entre todos a la desesperada.

Los políticos van a decir, están diciendo ya, que la culpa de lo que sucede estriba en las altas retribuciones de la sanidad. Y lo hacen, al debatir sobre la situación que se está creando sobre el más importante servicio público de Asturias. De eso Vigón no habla, porque en breve, aprovechando la situación, empezará a hablarse de privatizaciones.

Zapatero flota sobre el ruido y la furia de los diecisiete reinos de taifas que dejan sin servicios públicos a los ciudadanos

José Luis Rodríguez Zapatero no fue elegido secretario general de los socialistas y candidato a la presidencia del Gobierno en unas elecciones primarias, como de manera harto tendenciosa se está sugiriendo por ahí -el diario El Mundo, en su editorial del domingo 10 de mayo, así lo sugería-, ni tan siquiera su llegada al poder fue producto de un proceso interno realmente democrático, sino todo lo contrario. Su elección fue el resultado de un claro retroceso de la democracia partidaria, cuando los socialistas españoles tuvieron que buscar un sustituto para una situación de catástrofe de su vida interna, pues el 12 de marzo del año 2000 Joaquín Almunia salía estrepitosamente derrotado de las Elecciones Generales, ante la mayoría absoluta que conseguía la derecha española por primera y única vez en la Transición, en una situación de degradación del PSOE sin precedentes, que catapultó a Zapatero a la fama desde la nada, gracias al escenario catastrófico en el que logró emerger.

El 24 de abril del 98, Almunia, que contaba con el apoyo de Felipe González, había sido aplastado por José Borrell, en las únicas elecciones primarias relevantes que han tenido lugar en la partitocracia española. El escándalo suscitado por el fraude de dos colaboradores de Borrell en la Secretaría de Estado de Hacienda, Ernesto Aguiar y José María Huguet, llevó a Borrell a dimitir, y aquel triste acontecimiento consagró la imagen de corrupción del Partido Socialista, acabó con el sistema de primarias, y condujo a Zapatero a la secretaría general del PSOE y a la candidatura a la presidencia. Esa es la realidad. El 11-M hizo el resto, y ahí, los interrogantes son ya siderales.

Zapatero, en una finta fantástica, como todas las suyas, como la que trágicamente le colocó como presidente del Gobierno de España en el 2004, se impuso a José Bono, gracias al apoyo del Partido Socialista de Cataluña -apoyo que Pasqual Maragall pagó con su carrera-, cosa que conviene recordar una y otra vez, porque el papel que Zapatero juega en el PSOE español, es el de un equilibrista que por algo se comprometió con el partido de los socialistas catalanistas -algo que también hay que recordar cuantas veces sea necesario- a impulsar la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, incluyendo en el mismo su definición como nación y el perverso concepto de biletaralidad, que es el que hace imprescindible la publicación de las llamadas balanzas fiscales que traen a todo el mundo de cabeza, pues no es posible que España y Cataluña, dos naciones ya -reconocida una por la historia y la Constitución, y por el Estatuto aprobado por el Congreso de los Diputados en el 2006 la otra-, negocien nada, si no tienen sobre qué hacerlo.

En esta situación, el Partido Popular se debate entre dos caminos que le destruyen. Uno, el que le marca Zapatero, que desde la derrota de José María Aznar se ha dedicado a convertir a los conservadores españoles en el “coco malo”, de acuerdo con la existosa y vieja campaña “que viene la derecha”, buscando su permanente definición pública como un partido radical, irracional, extremista y poco dialogante, creando debates sobre los derechos de los homosexuales, la “memoria histórica”, la idea de España, y el papel de católicos y musulmanes en la vida pública, para que los ciudadanos, de naturaleza medrosa y conservadora, vean en esa opción política una fuerza política peligrosa para la democracia. Esa estrategia, tiene su mayor éxito ahora, cuando Zapatero se enfrenta al momento más delicado de su propia vida política, cuando todas las contradcciónes alimentadas por sus equilibrios estallan en Cataluña, con el socorro impagable de los nacionalistas vascos del PNV, que una vez más ejercen de caballería del separatismo que destruye la viabilidad de las instituciones españolas -con la amenaza de la consulta-, y especialmente la de sus servicios públicos, la sanidad y la educación, desangradas por las necesidades económicas del sostenimiento de diecisiete costosos y rimbombantes reinos de taifas, que sostienen televisiones autonómicas, engordan periódicos y compran a sus clientelas a base de prebendas de todo tipo.

Ése y no otro es el escenario en el que Zapatero prepara el debate sobre la financiación autonómica, el de un gran gallinero en el que el PP no puede ejercer como oposición, porque se encuentra ocupado con su propia matanza, quitándole un gran peso de encima. El club de oportunos acosadores de Mariano Rajoy -conscientes o inconscientes auxiliares del zapaterismo aliciaco- entre los que se encuentran distinguidos personajes como Pedro J. Ramírez, Federico Jiménez Losantos, María San Gil, Esperanza Aguirre, y Francisco Álvarez-Cascos, movilizados en una estudiada campaña, en la que cada protagonista tiene sus motivos particulares, pero dentro de una orquesta común, en la que todavía no apareció públicamente el director artístico, le dan un respiro muy agradable al de León para plantear su nuevo triple salto mortal. Las ambiciones y la vanidad de sus “barones” hacen el resto. A él le toca escenificar un acuerdo ahora con José Montilla para darle forma a la negociación bilateral de la financiación autonómica de Cataluña y la del resto.

El ministro Pedro Solbes está montando unas balanzas fiscales, elaboradas con diferentes parámetros, tal y como revela el diario Cinco Días, para que todo el mundo se pierda en el fárrago de los papeles. A los barones, Guillermo Fernández-Vara de Extremadura, Manuel Chávez de Andalucía, Emilio Pérez Touriño de Galicia, Jose María Barreda de Castilla-La Mancha, Dolores Gorostiaga de Cantabria, Marcelino Iglesias de Aragón, entre los que no puede faltar el comparsa asturiano Vicente Álvarez Areces, llenarán ahora los periódicos de valientes declaraciones contra Montilla, para que sus ciudadanos acaben definitivamente hastiados de tanta majadería, tanto ruido y tanto barullo, en un sistema político que camina hacia el colapso democrático y la crisis financiera de los servicios públicos, incapaces de sostenerse en pie en medio de los compromisos de semejante turba de protagonistas de la vida política española, sobre los que flota, como un cándido niño diabólico, el sonriente José Luis Rodríguez Zapatero.

La prensa elude dar aire a la última barbaridad de Ana Rosa Migoya en la Junta General

La consejera Ana Rosa Migoya compareció ante la Junta General del Principado, y afirmó que el 90% de los asturianos contaban con conexiones de banda ancha, una barbaridad que por si sóla nos da pistas muy claras de la cualficiación del personal que nos gobierna, si tenemos en cuenta que en toda España apenas si hay 8.000.000 de conexiones de acceso rápido a Internet, y en ningún caso llega a estar conectado el 50% de la población.

Si lo que quiso decir es que el 90% de los asturianos tienen la posibilidad de disfrutar de tal conexión, tampoco es cierto, pero en cualquier caso dijo lo que dijo, como también afirmó que los 35 millones de euros de créditos financiados por el Plan de Extensión de la Banda Ancha (PEBA), que el Gobierno de Asturias va a invertir en colocar antenas de Televisión Digital Terrestre (TDT), van a servir para llevar la banda ancha a las zonas rurales, posibilidad que ni siquiera es contemplada por el Ministerio de Industria en su página Web, dado que no se está haciendo en ningún punto de la geografía española, por existir sistemas mucho más operativos y razonables.

Dos barbaridades que nos ilustran bien sobre lo que estamos hablando, pues si bien la falsedad de su primera afirmación es indemostrable, ya que el propio ejecutivo se encarga de que no tengamos estadísticas fiables al respecto, la segunda es más grave, pues nos encontramos con que los fondos del Estado destinados a romper la brecha digital en Asturias, se van a invertir en financiar el acceso a la ruinosa televisión del Principado, TPA, con el dinero que tendría que servir para acercar a todos los asturianos a la modernidad, de la que tan lejos nos encontramos, dado que España es uno de los paises más atrasados de Europa, en lo que al desarrollo de la sociedad de la información se refiere.

La noticia fue publicada en las ediciones digitales de los periódicos asturianos, en el mismo día, ya que llegó confirmada a los medios por las dos agencias que operan en el Pricipado, EFE y Europa Press, pero luego tararí que te ví, algún gabinete se encargó de que la información sobre estas cuestiones no llegase a los ciudadanos. A nadie puede extrañar lo sucedido, si tenemos en cuenta que los periódicos asturianos hace ya año y medio que recibieron un bueno número de concesiones de televisión digital local, y no se ha puesto en marcha ninguna, con lo que ya tendría que haberse abierto el trámite para la rescisión de las licencias.

 

La FSA-PSOE, el único partido político que apoya a los ganaderos asturianos

Hacía mucho tiempo que no tenía la posibilidad de aplaudir una toma de posición pública del Partido Socialista, y en concreto de la Federación Socialista Asturiana, y no es que tuviese especiales ganas de hacerlo, y a nadie le importa el aplauso de un ciudadano, un voto más al fin y al cabo, pero de todas formas, por si sirve de algo, y aquí estamos para opinar, ¡opinemos!: vaya por delante mi satisfacción por el hecho de que alguien en Asturias, que no es la oposición, sino el partido de gobierno, haya dado muestras de cordura, al rechazar que el “Plan Silva-Cuervo” que impulsa el desplazamiento de los legítimos propietarios de la Central Lechera Asturiana, del control del negocio que han construido entre generaciones de trabajadores del campo, mediante una maniobra societaria de nefasto aspecto y talante, pues nadie ha logrado de convencernos de que no se trata de un simple y desvergonzado intento de expolio.

La noticia la presenta en sociedad Javier Cuartas, el periodista económico que desde el principio está analizando este asunto con minuciosa profesionalidad e inequívoca precisión. Según Cuartas, la FSA anuncia su opinión es que “cualquier proyección de futuro del grupo lácteo asturiano debe supeditarse a un diseño de inversiones y proyecto industrial, contando para ello previamente con la opinión y protagonismo de los socios de Capsa «vinculados con la región», en alusión implícita a Clas (titular del 56,39% de Capsa), Cajastur (10,90%) y Caja Rural de Asturias (5%)”. Este anuncio, como relata Cuartas, “sale al paso de las declaraciones realizadas por Pedro Astals a «El Economista», en las que desvelaba que una vez que se lograse -tal como se pretende- convertir la actual sociedad agraria de transformación (SAT) Central Lechera Asturiana y su actual modelo de espíritu cooperativo en una sociedad limitada (SL), plantearía como objetivo inmediato una fusión de Capsa con Pascual o con Puleva, e incluso un acuerdo entre las tres compañías para constituir un «gigante» lácteo español“.

Tuviese las intenciones que tuviese, el ejecutivo Astals ha metido la pata hasta atrás, al dar a conocer así sus intenciones, pues aparentemente no ha impresionado a nadie con su plan -y probablemente se haya ganado la animosidad de la prensa local-, que no es nuevo, sino tan viejo como su llegada a Asturias, pues desde el primer momento enseñó esas intenciones de las que habla con un entusiasmo propio de quien no entiende lo que tiene alrededor, pues si el señor Astals considera que puede conseguir que la gente se entusiasme viendo cómo quita a los asturianos lo que es suyo, apañado va, porque tontos seremos pero no tanto, dado que es evidente que esta operación le beneficia a él y a los cuarenta oportunistas que desde el principio están pergeñando tan loco plan.

En unas declaraciones realizadas por alguna fuente del grupo Ebro-Puleva que recoge Cuartas en esta misma información, se dice que este conglomerado, al que no es ajeno Cajastur, hace un guiño claro de saludo a la propuesta de Astals, al anunciar que a pesar de que se están saliendo de su tradicional negocio azucarero, en cambio, ven el emergnte mercado de la leche con otra mirada: “la leche, a diferencia del azúcar, es un negocio que entra en las preferencias de Ebro-Puleva, porque es marquista”, y añade Cuartas en una reflexión personal sobre estas declaraciones: “es decir, se trata de negocios donde el consumidor tiene en cuenta el valor y prestigio de la marca”. Vamos, que hay mucho dinero ahí, y lo quieren, porque aquí somos tan tontos que parecemos dispuestos a soltarlo con estas triquiñuelas.

Que la marca Central Lechera Asturiana es lo que vale, es algo que todos nosotros tenemos claro, y no sólo los que pueden ver una excelente oportunidad para sus proyectos de negocio quedándosela, pero para Asturias, que CLAS pase a ser una marca más como cualquiera de los productos agroalimentarios españoles que se han vendido al mejor postor, no nos vale de nada, puesto que lo único que garantiza la continuidad del sector lácteo en el campo asturiano, es que esa marca siga asociada a nuestros ganaderos.

Poco nos puede importar que esta toma de posición de la FSA se deba a un distanciamiento del grupo económico liderado por Manuel Menéndez desde Cajastur, y que ese distanciamiento revele una fragmentación política del entramado económico más vinculado a la vida pública asturiana, por lo que tiene de significativo que el Plan Silva-Cuervo, haya sido apoyado por el Partido Popular, tanto por el disidente Manuel Peláez como por el presidente del partido Ovidio Sánchez. Ambos no han hecho otra cosa que demostrar que son dos auténticos outsiders de la vida política regional.

E ¿Izquierda Unida y su sopa de letras?. Izquierda Unida ya murió hace tiempo en Asturias, cuando se descubrieron sus rocambolescos negocios.

Asturias financia con el “céntimo sanitario” la TPA. ¡Exijamos su devolución!

 

En la legislación comunitaria, los impuestos conocidos en España como “impuestos especiales”, se denominan en francés droit d’accises un concepto histórico que tiene que ver con dos cosas relacionadas con el comercio, en el sentido más tradicional: la fiscalidad una, y la moral pública otra -no la ética, obviamente-, así como suena, y es ese contenido moral el que permite gravar tres cosas, como son el alcohol, el tabaco y los combustibles derivados del petróleo, porque son considerados en cierto sentido artículos de lujo que en unos casos emborrachan, en otros producen cáncer, e incluso, como en el caso de los combustibles, contaminan.

El impuesto conocido como “céntimo sanitario” es un impuesto especial, cuya recaudación teóricamente se cede a las comunidades autónomas, que amplían su capacidad de ingresar dinero, pero que en la práctica no es que se ceda nada, dado que antes no se cobraba, sino que se trata de una recaudación que se transfiere a las comunidades que decidan cogerla, que es donde sin duda se sale de la legalidad europea, puesto que en el artículo 3, párrafo 2, de la directiva 92/12/CEE está previsto que este tipo de productos pueden ser objeto de otras imposiciones indirectas que “persigan finalidades específicas y en condiciones claramente definidas”, lo que evidentemente choca con el afán puramente recaudatorio de una comunidad que, como las otras cinco comunidades españolas que lo cobran, sólo tienen la intención de engordar sus presupuestos. El “céntimo sanitario” es un nuevo impuesto, por mucho que lo recaude Madrid -y no como falsariamente dicen, “cedido”- y no tiene una “finalidad específica”, puesto que no se aplica para un fin concreto, como podría ser, por ejemplo, la “ecotasa”, y además, como también recuerda la Unión Europea en su resolución sobre la ilegalidad del mismo, se aplica en la venta al detalle, y no sobre el último “depositario fiscal”, con lo cual también tiene un efecto perverso añadido, al mezclarse y enredarse con otros impuestos.

Cuando en el año 2005 José Luis Rodríguez Zapatero se inventó lo que de aquella se llamó “conferencia de presidentes”, en la que se habló de cómo recaudar más dinero para las comunidades autónomas, con el pretexto de financiar la sanidad -y digo pretexto, porque de lo que se habló en realidad es de cómo recaudar más-, se autorizó a las comunidades autónomas a cobrar 0,024 euros sobre las gasolinas, adicionales a los 0,024 euros  que algunas comunidades ya estaban cobrando, como es el caso de Asturias, Madrid, Galicia y Cataluña. Como había elecciones no se atrevieron a cobrarlo, y el alza de los carburantes paralizó la aplicación de esta medida definitivamente.

La otra cuestión en la que necesitamos refrescar la memoria, ahora que hablamos de historia reciente, es que esto se hizo en el momento en el que Asturias se metió en un gasto anual de una cifra indeterminada y desconocida, que habría que calcular sumando el gasto corriente, las inversiones directas, la producción de programas y las instalación de antenas, para que el presidente Vicente Álvarez Areces, “Vicente el Presidente”, pueda salir por televisión como Hugo Chávez, que en ningún caso baja de los cinco mil millones de las antiguas pesetas, una cifra equiparable a lo que el Principado recauda por el impropiamente llamado “céntimo sanitario”. Afirmar que el “céntimo sanitario” se aplicó en Asturias para financiar la RTPA no sólo no es faltar a la verdad, sino expresarla con precisión, puesto que precisamente esto es lo que viene a decir la Unión Europea, al establecer la ilegalidad de este impuesto, que no tiene una “finalidad específica”, sino “presupuestaria”.

¿Acaso la comunidad autónoma marca de color el dinero que se paga en la gasolinera -como hace Hacienda con el color del gasoil de calefacción para evitar el fraude- y luego Jaime Rabanal busca esos billetes coloreados y se los da al consejero de Salud para que los gaste en medicinas? Evidentemente no, ese dinero pasa a formar parte del conjunto de los ingresos con que se pagan los gastos públicos, sean sanitarios o no. Si el único gasto nuevo de un volumen equiparable que se creó es la TPA, sólo quien se empeñe en negar lo evidente, podrá negar que con lo que pagamos en la gasolinera se está financiando este carísimo capricho, que por otra parte de alguna parte tenía que sacar su financiación. Un gasto que no existía, un ingreso que no existía. Sólo alguien con mucho cinismo puede negar que el ingreso se habilitó para financiar el gasto.

¿Qué va a ocurrir ahora? ¿De dónde va a sacar Areces el dinero para seguir financiando su televisión? De momento él intenta salvar la situación lanzando la responsabilidad al Estado, porfiando en el engaño de que es un dinero para la sanidad porque así lo dicen ellos, pero yo creo que debemos ser nosotros los ciudadanos lo que tomemos las medidas oportunas para acabar de una vez por todas con este atraco. ¿Cómo? Muy sencillo. Estoy convencido de que los consumidores pueden exigir la devolución del dinero impropia e injustamente recaudado a instancias de la Comunidad Autónoma, al decidir aplicar un impuesto ilegal que pesa directamente sobre nuestros bolsillos. ¿Qué no es posible calcularlo? ¿Por qué no un tanto alzado? Lo único que es injusto e ilegal es que la administración haya experimentado un “enriquecimiento injusto” cobrándonos un impuesto que no tiene base legal para su aplicación.

La perplejidad zapateril, convierte al Presidente Vicente en aristocrata

José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido convertir a Vicente Álvarez Areces en barón, y así aparece en el diario El País, que le ha colocado en el primer escalón de la nobleza socialista, un peldaño para nuestro ambicioso Tini, que se queda en la concesión de las baronías, puesto que todavía pertenece al Rey, en el Estado Federal Multinacional Asimétrico Ex Pañol, la potestad de nombrar condes, duques, marqueses y grandes de España, que todo se andará, y Areces, nuestro Tini, está que no le cabe una paja en el culete, pues él siempre quiso ser barón y no lo había logrado, no le tomaban en consideración, aunque le queda la posibilidad de llegar a ser un Grande de Ex Paña, como las cosas sigan por la ruta trazada en la hoja de ídem del incomparable José Luis, al que todo da igual, pero menos, como vemos ahora que parece que se está aguando la fiesta.

Areces tuvo que conseguir dejar de ser el “alcaldón” de Gijón, y hay que reconocer que lo logró, cuando el PSOE, a la sazón controlado por José Ángel Fernández Villa, dejó pasar su candidatura a la Presidencia del Principado, convencidos todos los agentes somáticos de que se iba a estrellar contra un Partido Popular que después del “Petromocho” parecía imbatible.

Aquel espejismo duró unos meses, y Areces consiguió, gracias a la barbarie conservadora, alzarse con el santo y la limosna, porque en cuanto logró allanar el camino para convertirse en candidato, tras el desastre electoral de Antonio Trevín Lombán, que llevaba al jeque de la refinería de Juan Luis Rodríguez-Vigil colgado de la espalda, el Partido Popular asturiano comenzó la etapa conocida como las “guerras casquistas”, que dieron con Sergio Marqués en la perrera y con el PP en manos de Ovidio Sánchez, que promete superar el record Guinnes marcado por Isidro Fernández Rozada, su homo antecessor, de años pasados en la oposición.

Areces consiguió ser presidente del Principado, por mayoría absoluta, porque el desastre de la refinería petromóchica de Vigil era dificilmente superable, y el PP batió la marca sin problemas, con su matanza interna,  pero lo que nunca había conseguido Areces es que le tomasen en serio en el Partido Socialista, y le nombrasen “barón”, para poder codearse con los Chávez, los Ibarras, los Bonos, los Montillas, y demás hierbas.

Ahora José Luis Rodríguez Zapatero, enredado con la crema catalana en la que lleva metiendo los dedos y chupeteando desde su primer mandato, se ve con el problema de cómo desdecirse de lo dicho, cuando llega la hora de la verdad, y la proclamación de Cataluña como nación amenaza con ser algo más que un devaneo estatutario. Al igual que le pasó con los de ETA, gentes cuadriculadas con cráneos dolicocefálicos y RH invariable, debió de pensar que él era capaz de engañarlos y convencerles de que Euzkadi podía ser realmente independiente sin serlo, que Navarra podía ser Euzkadi y no serlo, por lo que no resulta de extrañar que creyese también que Cataluña podía ser nación y no serlo, y que de serlo, eso no era más que un nombre. ¡Qué más le da a Zapatero cómo se llamen las cosas! ¡Qué le importa a él, que se considera un incomparable prestidigitador, cómo se llamen lo que sea! Cogemos al Instituto Nacional de Metereología y lo denominamos Agencia Estatal de Meteorología. ¡Por qué no llamar a Juan Carlos I de España el Rey del Estado si todo es tan fácil! No, no es tan fácil, no, y ahora la marea le está llegando al cuello.

En Ferraz están encendidas todas las alarmas y los socialistas necesitan un freno para los propios socialistas, porque el PSC se les ha ido de las manos y es ya incontrolable, algo difícil de entender para los no catalanes, a la vista de la disciplina que suele reinar en el resto del Partido Socialista. Y es que el PSC no es en realidad un partido socialista, ni siquiera tiene nada que ver realmente con el resto del PSOE, por mucho que los socialistas españoles se empeñen, en su propaganda, en lo contrario. El partido de los socialistas catalanes es realmente un partido nacionalista, el partido nacionalista catalán por definición, con mucha más propiedad que Convergencia y Unión; por tradición, por génesis y por práctica cotidiana, pues de hecho, los líderes del PSC tienen un origen nacionalista urbano, por contraposición al toque rural de los convergentes. Hablando en plata, el PSC es el nacionalismo de las clases urbanas catalanas, y eso, ahora, empieza a ser demasiado incómodo.

Así se explica ahora el frenazo que le han pegado a Areces en Madrid, la última vez que se le ocurrió jugar por libre, con sus cumbres astur-galaicas, para las que había conseguido trajinarse al fáccido Emilio Pérez Touriño, para que le siguiese el juego. Juntos, intentaron crear un “frente”, al que se quiso unir Miguel Ángel Revilla, ante la dificilísima situación económica que se abre para las autonomías pobres de la cornisa cantábrica, para financiar no ya la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, que para eso todavía podría haber dinero, sino las inversiones del Estado en obras públicas, que de prosperar la bilateralidad ya establecida por Zapatero con Cataluña, mediante la exigencia de la publicación de las balanzas fiscales como referencia para decidir las aportaciones, regiones como Asturias, Cantabria y Galicia entrarían en una espiral imparable, y más en un momento de crisis como éste, en el que tan necesarias son este tipo de obras para tirar de una economía que se encuentra en estado catatónico. Ahora toca introducir la “cláusula de inversión estatal” en todos los estatutos.

Zapatero emula a Adolfo Suárez con el “café para todos”, y el camino elegido parece el de las “cláusulas”, un rollete que suena a música medieval.

Areces pretendía montarse un grupo de presión, ante la desesperada situación que se abre para nuestras cuentas públicas, en plena crisis económica, ahora que hay un reflujo de los ingresos del ladrillo, y que los augurios para la financiación procedente de Madrid no son nada halagueños, pues dificultadades va a haberlas para todas las comunidades pobres, ya que ése es, para nuestra desgracia, el pelotón del que formamos parte. Pero desde Ferraz le han dicho, vía Javier Fernández, que es el interlocutor de Zapatero, que prietas las filas, y a formar, que desde la dirección del PSOE de Madrid se va a escenificar un “fente”, sí, pero de todas las comunidades, no las cantábricas, sino todas, contra las pretensiones catalanas.

Vamos a contribuir, con ese “frente”, a resolver los problemas de Zapatero, y para eso han nombrado barón a Areces, pero ¿va a resolver ese frente alguno de los grandes problemas que se le abren ahora a Asturias? No está muy clara la cosa, pues a simple vista se percibe que los problemas del PSOE son una cosa y los de Asturias otra, pero al menos, nuestro presidente ya es aristócrata.

La clase dirigente asturiana parece sufrir una depresión “post coitum” tras la adjudicación de la regasificadora a Fluor

La oposición ciudadana a las grandes líneas de transporte de energía eléctrica que se necesitarían en Asturias para poder hacer frente a lo que el Gobierno del Principado considera que es su política industrial estrella, no es un hecho coordinado ni teledirigido, pues en Asturias no hay ninguna organización política, sindical ni patronal -ni un sólo medio de comunicación- que no aplauda esa loca política. Si ese plan se desmorona es a partir de una mera reacción espontánea de la gente, de los ciudadanos, que se han ido agrupando malamente, en núcleos locales de protesta, desde los que se han movilizado los recursos, o que han impulsado a algún ayuntamiento a recurrir la desastrosa gestión administrativa y legal de Red Eléctrica Española. Sólo un grupo de entidades cívicas, la Agrupación de Colectivos Asturianos, aún débil, ha intentado ejercer esa difícil coordinación desde la precariedad organizativa.

El periodista Javier Morán se hizo eco este domingo, en una de las brillantes columnas a las que nos tiene acostumbrados, del estado catatónico en que se halla la clase dirigente asturiana al completo, al comprobar con estupefacción que lo único en lo que han sido capaces de ponerse de acuerdo, políticos, sindicalistas, empresarios, medios de comunicación y demás hierbas, en estos últimos años, es en el proyecto energético al que todos ellos denominan, con absoluta desvergüenza, plan industrial -cuando lo único que no genera es empleo, y de la gran riqueza que produce aquí no queda nada para la gente-, un plan que no sólo es algo rechazado espontáneamente por la calle, sino que incluso los elementos se concitan con la ciudadanía, para dejar en evidencia que esa vanguardia que nos encabeza, o está muy perdida o muy desinformada, o muy comprada. Y es que no caben más posibles interpretaciones, ante tal divorcio entre supuestos dirigentes y pacientes dirigidos.

Dice Morán, refiriéndose a los fracaso de la llamada Muy Alta Tensión (MAT): “por lo que respecta al polo energético de El Musel sólo hay malas noticias: los molinos eólicos preocupan por su impacto en el horizonte; la planta de biodiésel, ni está, ni se la espera; el Gobierno planea frenar las plantas eléctricas en las regiones excedentarias; y, como puntilla, sin Soto-Penagos o Sama-Velilla no cuadra la evacuación de la electricidad producida por ciclos combinados alimentados por la regasificadora muselera. La MAT nos mata“.

Pero a mí, si bien coincido plenamente con Morán en que “la MAT nos mata”, y en lo que de ella afirma, hay algo que me llama más la antención, de lo que ya me hice eco nada más saberse que la construcción de “la regasificadora muselera” se había adjudicado a Fluor Corporation -que tal y como afirma la compañía en su página web, la va a “construir”, no a “diseñar“, ni a “supervisar“, como insistía en afirmar alguna de nuestras hojas parroquiales-, en vez de a la Duro Felguera (que al parecer es lo que esperaban todos): el clamoroso silencio de todos, ante una noticia que sin duda tiene más importancia en lo que parece ese estado de depresión colectiva que se abate sobre políticos, empresarios, sindicalistas y medios de comunicación. Si la planta de El Musel era el núcleo principal de todo ese gran proyecto, y por fin se acaba de adjudicar la obra, ¿por qué los políticos no cantan y las nubes se levantan?, ¿por qué no hay grandes titulares, declaraciones triunfales?, ¿por qué, en definitiva, estos que tocan el bombo ante cualquier chorrada con la que puedan intentar engañar al respetable, callan como afogaos?

Lo cierto es que el silencio se corta, y hasta hora, cuando ya han transcurrido unos días desde la publicación de la noticia, nadie se ha atrevido a lanzar una hipótesis de las razones por las que nuestros prohombres y nuestras promujeres, no han tenido nada que decir sobre algo tan relevante como la adjudicación de la construcción de la estrella del gran proyecto en el que todos coinciden, a la multinacional Fluor Corporation, salvo que, como parece intuirse, y a salvo de un acuerdo ulterior, esta decisión sean una catástrofe para sus expectativas personales, por alguna razón que se nos escapa, que nada tiene que ver con el interés general, porque por lo que sabemos, Duro no está fabricando en sus muy inactivas plantas de Asturias ese tipo instalaciones, tal y como CCOO ha denunciado que sucede con la planta desulfuradora que construye esta compañía en Lada, por cuenta de Iberdrola.

No hace falta recordar que tanto para Vicente Álvarez Areces, como para Javier Fernández, la construcción de ese artefacto, marca un antes y un después, y se puede decir, sin faltar a la verdad, que es el núcleo de su proyecto político, de su programa electoral y de gobierno. Ovidio Sánchez, que desautorizó a Alicia Castro en este asunto, apoyó, con el respaldo de Pilar Fernández Pardo, la construcción de esta planta, Y lo hizo, a pesar de ser oposición. Gaspar Llamazares personalmente, presionó a José Luis Rodríguez Zapatero, para que se adjudicase su gestión a Enagás, a pesar de que la planificación energética española no la contemplaba en su esquema, y su coalición, que tanto presume de ecologista, se mojó hasta atrás en este asunto. No vamos a insistir en las declaraciones de sindicalistas y empresarios, ni en los editoriales de prensa en la misma línea.

Las cosas como son, y la verdad tiene pocos caminos. Este silencio que se corta como un cuchillo, este malestar que se percibe en todos los ámbitos de la vida pública asturiana, sólo tiene una explicación posible: todos esperaban algo, y se han quedado sin ello. Si me equivoco, que alguien me diga por qué, pues me parece que lo que afirmo es muy razonable, y lo suficientemente importante como para que alguien me lleve la contraria, pero lo que no es razonable es callar, como hacen todos.

Al poder moderador de la construcción en Asturias, le ha salido un pequeño problema

La huelga de la construcción en Asturias, en 1977, fue la primera prueba de fuego que soportó el proceso conocido como la Transición, en la entonces Provincia de Oviedo, pues muerto Francisco Franco Bahamonde en el 75,  y con España  en plena efervescencia democrática, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones del tiempo nuevo, en medio de una extraordinaria agitación, ya que desde más de dos meses antes, Asturias vivía con intensidad los efectos de una durísima huelga del sector de la construcción que se llevó por delante cualquier expectativa de abordar el proceso de una manera serena (véase esta interesantísima colección de diapositivas).

En aquella ocasión, los trabajadores doblegaron al gobierno, y cuando el 11 de julio la Delegación de Trabajo firmó la paz, tal y como cuenta César Alberto Rosón, por entonces secretario general de la CNT en Asturias, “el salario mínimo del peón pasó de 400 a 732 pesetas, no hubo despidos y se cobraron las pagas extraordinarias íntegras, sin descontar los días de huelga. La resolución de Trabajo se produjo un día antes de la fecha señalada para que 22.000 familias emprendiesen una marcha a pie hasta Madrid“.  En octubre de aquel año se constituía la Confederación Asturiana de la Construcción y la patronal comenzaba a organizarse, al calor de los “Pactos de la Moncloa”, mientras los sindicatos se abrían en desbandada, en manos de los profesionales portapancartas.

Cuando diez años después, los sindicatos CCOO y UGT firmaron con la patronal asturiana el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias, publicado en el B.O.P.A. de fecha 12 de agosto de 1.988, por parte de la patronal ejercía como factótum un hombre que había sido en todo momento protagonista de la construcción, pero hasta entonces no tanto de la del ladrillo, como la de la política: Serafín Abilio Martínez. De aquel convenio surgía su gran invento -o mejor dicho al revés; de su invento salía el convenio-, la Fundación Laboral de la Construcción, un órgano que ponía a trabajadores y empresas a desfilar sobre la gran explanada de El Caleyu, en las proximidades del lugar donde el gran muñidor fabricaba sus “derivados” del cemento, con permiso del gran poder cementero regional.

El papel de Abilio  se puede ver en este notable documento de 1982, una noticia elaborada sobre datos proporcionados por el entonces corresponsal de El País en Asturias, el hoy hombre fuerte de la información en la comunidad astur, José Manuel Vaquero, que transmitía a Madrid los detalles de la conspiración que se desarrollaba por estos pagos, con el pretexto de una conversación entre Rafael Calvo Ortega -de aquella venía mucho por aquí- y el entonces ministro Matías Rodríguez Inciarte -hoy presidente de la Fundación Príncipe de Asturias y brazo derecho de Emilio Botín- que traían y llevaban mensajes entre Landelino Lavilla y Adolfo Suárez, en plena crisis de UCD, que acabaría con la victoria de Felipe González en las elecciones del 28 de octubre. En aquellos momentos, Abilio -que aún no tiene una biografía en condiciones-, que ejercía como secretario general de la UCD de Asturias, era el pilar regional de los “suaristas”, que clamaban contra la “derechización” del partido.

Felipe González acabó con todo aquel maremagnum que tenían organizados los barones de la UCD y Abilio abandonó la política activa de manera visible, para sumergirse en la fontanería patronal, aunque durante muchos años tuvo cogidos los restos del “suarismo” por donde les dolía, manteniendo los trozos de aquella formación que flotaban a la deriva, con el eterno diputado Alfonso Román López, como palanca en la política regional, una palanca llamada CDS, con cuya capacidad de apoyo sobre un punto, movía el sector de la construcción en Asturias, pactando una y otra vez los presupuestos regionales con Pedro de Silva, que abonaba consensos en metros cuadrados y grandes redes de saneamiento y carreteras, por otra parte muy necesarias.

Y fue en época de Pedro de Silva, cuando tras años de tanteos y escozores múltiples, Abilio tuvo la genial idea de pactar entre sindicatos y empresas del sector, la renuncia de los trabajadores y las promotoras y constructoras, a cobrar la paga de antigüedad los unos, y a pagarla  los otros, transfiriendo tal responsabilidad -y poder- a la fundación, que se encargaría de domesticar a los sindicalistas, a partir de ese momento, convirtiéndolos en grandes y muy bien retribuídos “profesores” de las disciplinas constructivas, mientras que los patrones cedían esos fondos a la Fundación, a cambio de que la entidad se encargase de los “consensos”, una tecnología que Abilio había aprendido de maravilla al lado del maestro Suárez.

Así, la antigüedad pasó a denominarse “Fondo Especial de Asistencia Social por Fidelidad al Sector“, lo que aparte de cambiarle el nombre, la cambiaba de manos, pues desde entonces las empresas meten el dinero en la FLC y la FLC en los bolsillos de los trabajadores, en un alambicado recorrido que no se hace a humo de pajas. Una pasta gansa que otorga el timón del sector a la patronal, que tiene a los empresarios bien cogidos, puesto que les ahorra la generación de derechos de antigüedad a los empleados, que renuncian a ella por convenio, y por lo tanto también dependen, en su estabilidad, de un poder moderador ubicuo y divino.

Todo estaba muy bien encajado, pero ahora ha surgido un problema. Un convenio tan intervencionista como el de la construcción -del que estarán orgullos nuestros “liberales”-, que otorga tanto poder económico y regulador a la patronal, no podía dejar de crear problemas, al no cumplir luego las empresas los trámites para el despido a los que todos se obligan por convenio, tal y como establece la sentencia que acaba de fallar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el caso del trabajador despedido Juan Carlos Castaño Prieto, que recuerda que los recibos de finiquito que firmen los trabajadores han de redactarse sobre el modelo oficial expedido, en este caso, por la Confederación Nacional de la Construcción, de acuerdo con el vigente convenio 2007-2011. Según ha comentado el abogado del despedido, Ángel Balbuena, “los finiquitos firmados en blanco quedan invalidados”.

¡Vaya vaya, cuanta formalidad para recaudar el “Fondo Especial de Asistencia Social por Fidelidad al Sector”, y qué poco rigor para firmar los finiquitos! Ahora nos vienen los problemas.

 

1977: Los trabajadores y el ministro

La adjudicación de la regasificadora a Fluor Corporation, deja las raspas a la tropa astur

La decisión de adjudicar la regasificadora de El Musel a la sociedad Enagas, conocida como “operador del sistema”, supuso la culminación de un proceso que delimita y condiciona profundamente el papel de nuestra comunidad autónoma, como una gran planta de producción energética. Como se decía en un Editorial de ECTV publicado en  noviembre el año 2006, en pleno auge de una patética campaña de promoción turística, “es el Paraiso Natural en el que Vicente Álvarez Areces es Yogui y todos los demás somos Boo Boo”.

Sobra motivos para pensar que el desmesurado interés por instalar esta planta en Asturias tenía como objetivo pricipal, tanto por parte del PSOE, como por parte de Izquierda Unida, entonces en el gobierno asturiano, la adjudicación de la obra a Duro Felguera, y de esos motivos no son los menores, las declaraciones de los políticos y de la empresa, que están ahí en las hemerotecas, con toda su crudeza, ahora que resulta que la obra ha sido adjudicado a Fluor Corporation, que tiene en sus manos -como también anunció en su momento- la posibilidada de subcontratar con Duro elementos esenciales del proyecto.

Lleve lo que lleve Duro de esta tajada, la parte del león ya se la llevó Fluor, y después vendrá el debate, sobre lo que se subcontrate con Duro, y lo que a su vez ésta fabrique aquí o en Vietnam. Todo ello una completa locura, si tenemos en cuenta que la planta al final no va a tener más empleados que una mediana superficie de alimentación, y que con todos los ciclos combinados, las líneas de alta tensión, los parques eólicos, las desulfuradoras de carbón y las montañas de negro mineral que se acumularán en El Musel, impidiendo otros negocios limpios y enriquecedores para los asturianos, todo el pomposamente denominado “Polo energético asturiano”, no nos va a dejar más empleo del que ya hay en el Pryca de Lugones, que está ahí instalado desde los tiempos de la Transición.

El 31 de marzo del año 2006, se incorporó la construcción de la regasificadora a la planificación energética española, con serios reparos manifestados por la Comisión Nacional de la Energía, sobre su necesidad y su oportunidad, que dejaban en evidencia el carácter arbitrario de la decisión. Se hacía eco de esta información el diario La Nueva España: El gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el 31 de marzo la revisión de la planificación energética 2002-2011 a pesar de que la CNE advirtió de que el documento pergeñado por el Ministerio de Industria presentaba lagunas. El organismo que preside Maite Costa, que emitió el 2 de febrero un informe preceptivo, aunque no vinculante, para el Gobierno, reprendió al departamento de Montilla porque, entre otros, el proyecto de la regasificadora de Gijón no aparecía suficientemente justificado en el plan. La CNE lo expresó así: «Como comentario específico al incremento de la capacidad de entrada en base a plantas de regasificación, cabe hacer mención de la nueva planta de El Musel, situada en Asturias. Este proyecto no estaba considerado en la planificación de 2002 y aparece en esta revisión sin venir acompañado de ninguna argumentación que justifique los criterios seguidos (económicos, por seguridad, etcétera) para su inclusión en la planificación como alternativa al incremento de la capacidad de otras plantas ya existentes o incluidas en la planificación con anterioridad».

En abril de aquel año, sin esperar a la adjudicación de la gestión, y con una prisa sorprendente, Enagás presentó una memoria en el Ayuntamiento de Gijón, en la que se sentaron las bases para dar curso a la tramitación de los aspectos administrativos más engorrosos, como los son especialmente todos los relacionados con las regulaciones legales de las cuestiones de impacto ambiental.

Los efectos de estas decisiones pasaron desapercibidas para la población -la llamada “gente de la calle”- sin dar oportunidad a la protesta ni a la concienciación pública sobre lo que se viene encima a los ciudadanos del este de Carreño, ni por supuesto a los de El Muselín, Jove, el Natahoyo o la Calzada, barrios populosos que se van a ver agraciados con la vecindad de esta instalación, calificada por los expertos, como de máxima peligrosidad.

En la misma memoria, Enagás se refería a este hecho con un notable cinismo, muy profesionalizado, pues se dice expresamente que se “guarda la distancia suficiente con las poblaciones”, un aspecto éste de un tercermundismo singular, pues parece ser que este tipo de riesgos están pésimamente regulados en nuestra legislación, si tenemos en cuenta que la tendencia en los países civilizados es construir estas plantas lejos de las costas, para preservar a la población de riesgos innecesarios.

Así pues, Asturias, finalmente, nada va a sacar en limpio de la construcción de este emporio cancerígeno, contaminante y contradictorio con un desarrollo razonable del comercio y los servicios en general, y ni siquiera sus propios promotores parecen haber conseguido lo que pretendían. Todo terriblemente desmoralizador. Nos vendemos por nada, pues al final todos se han quedado con un palmo de narices, y a partir de este momento, intentarán convencernos de lo contrario.

 El peligro de las regasificadoras

 

¿Qué playa defienden los que critican los molinos eólicos y callan ante la regasificadora de El Musel?

Así presenta La Nueva España, El Musel, con los molinos eólicos

Así es como va a quedar la cosa realmente

La Nueva España publica, con mucho aire, el manifiesto de unos supuestos defensores de la playa de San Lorenzo, a los que molesta la instalación de una batería de molinos eólicos en El Musel, porque consideran que agrede su visión del paisaje y de la naturaleza.

Todo muy rico y muy abundante, pero muy poco creíble, pues tras los firmantes se adivina la presencia de gente muy bien relacionada con el ex presidente del Principado, Pedro de Silva -y no sólo su hermano-, que ya echó otro pulso al actual presidente, Vicente Álvarez Areces, cuando la ciudad entera se volcó contra el proyecto de reforma portuaria -la llamada Alternativa 3-G-, que iba mucho más allá de la monstruosidad que en estos momentos se está ejecutando.

No es la presencia de Silva, que se adivina detrás de ese manifiesto, pues se trata del único personaje que aglutina, en los hechos, o como autor intelectual, la elaboración de una lista así, la única causa que mueve a la sospecha, cuando no a la desconfianza manifiesta, ante las verdaderas intenciones de quienes han parido este ratón colorado.

Los firmantes critican la instalación de una línea de molinos que el Gobierno y la Autoridad Portuaria quieren instalar en El Musel, porque “nos quieren alambrar el horizonte”, y dicen estar “a favor de nuestro horizonte”, y en el horizonte les molestan unos finos molinos de viento, cuando curiosamente, estos mismos personajes no encuentran problema alguno -nunca dijeron nada al respecto- en que se instale una enorme, una gigantesca bomba atómica, de gran fuerza explosiva potencial, de incomparable fealdad y desmesurado tamaño: la mayor planta regasificadora que se va a instalar en la Cornisa Cantábrica.

En el mismo sitio.

Enfrente de la misma playa.

¡Demasiado descarado!

Sorprendente resulta siempre La Nueva España -que trata el asunto con mimo especial, hasta el punto de preparar para la ocasión un gran trabajo de infografía, en el que colocan los molinetes, y se ignora la regasificadora-, pero no menos sorprendentes resultan también, esos exquisitos y notables ciudadanos, que administran sus fobias y sus filias de manera tan rara, que da la sensación de que algunos de ellos firman de manera inconsciente, por pura inocencia, otros quizá por vanidad, y los menos porque están en la pomada; evidentemente. Poque alguno estará en la pomada, ¿no? ¿O son tan cándidos, ciudadanos tan notables y distinguidos? ¿En qué pomada?, preguntarán los más cínicos.

Pedro de Silva, columnista de postín de La Nueva España, pulula en uno de los lobbys energéticos montados en Asturias, al calor del proyecto depredatorio impulsado por el Gobierno de Álvarez Areces, conocido como el Plan del Gas, ese plan que no existe, y que gracias a que no existe puede salir adelante, como una realidad que está destruyendo ya, el paisaje, la calidad de vida y el futuro de Asturias.

Detrás de ese plan hay muchísimo dinero público y privado, una enorme cantidad de obra en empresas muy políticas, y por lo tanto, intereses astronómicos.

Que hay una guerra en marcha entre HC Energía, que tantas “sinergias” tiene con de Silva y La Nueva España, gracias a Manuel Menéndez, bipresidente de la eléctrica y Cajastur, es algo obvio, y se trata de una guerra en la que el enemigo conocido es Endesa -el más visible, el que más se enseñó hasta el momento-, con un ciclo combinado en discusión en la explanada de Aboño, sin olvidarnos de la pelea por entrar, junto con Enagás, en el ente gestor de la propia regasificadora.

Tampoco debemos olvidar que Endesa tiene más planes para su desembarco en Asturias, y que en esos planes juega Hunosa, para la que el presidente Areces organizó recientemente un fastuoso viaje a Sudáfrica, para meter a toda la sociedad asturiana en esa mermelada carbonífera, pagando el viaje a una selecta concurrencia de todos los palos y cuadras. Hunosa, que pretende impulsar la importación de carbones y explota una mina en Sudáfrica con Endesa, también está en trámites para construir otra central de ciclo combinado en Mieres, y lo que es más significativo, recientemente se postuló como lobbysta para conseguir los permisos del gobierno para instalar parques eólicos en Asturias, precisamente para Endesa, ahora que está a punto de levantarse la moratoria.

¿Qué hacen tantos y tan buenos amigos de Pedro de Silva oponiéndose a la instalación de un parque eólico, que al lado de esa regasificadora de la que no dicen nada es un chiste? Me temo que sirviendo de comparsas para un puro y duro pulso de negocios.