El prestigioso periodista Fernando Canellada afirmaba lo siguiente, en la edición de la Nueva España del jueves, en un suelto siginficativamente titulado Ingeniero: “El sobrecoste de la obra de ampliación de El Musel ronda los 230 millones de euros. A juicio de reconocidos gestores portuarios, el desfase de 38.000 millones en las antiguas pesetas implica que el presidente portuario y su consejo de administración exijan responsabilidades a los técnicos que precipitaron a empresas y administraciones a este tortuoso laberinto financiero. Ahora que se festejaba con brillantes exposiciones el año del centenario, se ha quebrado la fiesta. El contratista vela por su empresa, mientras el control del sobrecoste recae en un acreditado ingeniero. Vidriosa encrucijada para el presidente y su consejo: el mismo ingeniero comparte la dirección de la obra y la de El Musel”.

Sin embargo, en la edición del viernes de este mismo diario, la alcaldesa de la ciudad, y sobre todo, la consejera de la Autoridad Portuaria gijonesa, Paz Fernández Felgueroso, afirmaba que “en mi opinión, el Puerto está gestionando muy bien todo lo que se está haciendo”, para añadir a continuación: “Esta es una obra muy difícil de cuantificar por imponderables como el oleaje”.

El pasado mes de febrero hubo unos días de fuerte oleaje en la costa asturiana, concretamente el sábado 10 y el domingo 11. Ese oleaje dañó las obras del puerto, y esos daños fueron escrupulosa y detalladamente registrados por los periódicos asturianos, que dieron buena cuenta de los hechos. Esto se publicaba en El Comercio, el jueves 15 de febrero:

Olas de más de doce metros y medio en periodos de 24 segundos hicieron que durante las noches de los pasados sábado y domingo se vieran afectadas las protecciones provisionales del interior del dique Torres, de las obras de ampliación de El Musel.

El oleaje fue de tal envergadura que nunca se había registrado esa intensidad desde que el Puerto cuenta con un sistema de medición de olas. Por eso, algunos de los bloques que se habían colocado como protección hasta la primavera, cuando las obras se reanuden, desaparecieron o fueron desplazados por la fuerza de las olas. Bloques de 45 toneladas de peso fueron desplazados 20 metros y los de 90 toneladas, más de diez metros.

No obstante, durante los últimos días los operarios de la empresa que acomete las obras de la ampliación lograron reparar los desperfectos. El director de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, informó de que «los daños se produjeron en el talud provisional. El que ya tiene las protecciones definitivas y que mira hacia el Oeste y el Norte, resistió el oleaje sin ningún tipo de problemas».

Ya lo ven, el ingeniero José Luis Díaz Rato, que según afirma La Nueva España, es el director de la obra, además de ser el jefe de la Autoridad Portuaria, en la que presta sus servicios políticos la alcaldesa Felgueroso, confirmaba a la prensa el jueves 15 de febero de este año, que los daños del sábado 10 y el domingo 11 -entre cuatro y cinco días antes-, habían sido reparados en tres días.

Estos fueron los únicos daños importantes y dignos de ser reseñados que se produjeron en esta obra. Atribuir a unos daños que se reparan en días, un coste de 38.000 millones de las antiguas pesetas, nos produce una sensación de atraco a mano armada, de engaño, de tomadora de pelo, de “quedada” con el personal, que no se lo podemos tolerar a nadie.

¡No cuela! ¡No puede colar! ¡Mentira tan gruesa no tiene pase, ni pensando que Asturias está habitada por un millón de discapaces psíquicos -digámoslo así para no ofender a las sensibilidades políticamente correctas que por ahí pululan- puede intentar colocarse semejante patraña a los paganinis, los contribuyentes que ponemos en las arcas de la hacienda pública los sueldos de la alcaldesa y del señor ingeniero.

Aquí hay algo gravísimo que debe ser señalado y que avala la tesis expresada por el ex presidente del PP de Gijón y ex senador Isidro Martínez Oblanca, que es el único ciudadano que hasta ahora ha pedido la inmediata intervención de la Fiscalía en este asunto, así como la constitución de otra de esas comisiones de investigación de la Junta General del Principado, que cada vez que se abren, se vuelven a cerrar sin resultado alguno: si La Nueva España dice que el señor Díaz Rato, además de dirigir la administración pública contratante de las obras, es a la vez director de las mismas, trabajando para la contrata que por su cargo está obligado a vigilar, estamos ya sobre la pista de un gravísimo caso de corrupción.

Como director de la AP, el señor Díaz Rato es funcionario público de la parte contratante, y por lo tanto no puede compatibilizar esa función como empleado de la parte contratada, porque la parte contratante, financiada con los presupuestos que las administraciones le han confiado para que vele por ellos “como un buen padre de familia”, tal y como prescribe el Código Civil, no puede ser en ningún caso responsable de la dirección de las obras que ejecuta una contrata, a la que él mismo está obligado a supervisar.

En este asunto tienen que producirse dimisiones inmediatas, de las que no se puede excluir a la alcaldesa que compatibiliza su cargo en el ayuntamiento con el de consejera de la Autoridad Portuaria, porque ella también es responsable de que no ocurra lo que La Nueva España asegura que está ocurriendo, dado que Felgueroso es la primera que tendría que haber impedido la tremenda incompatilidad que al parecer se produce en este caso, y que de confirmarse es una gran puerta abierta a la libre actuación de la delincuencia económica.

Si este dinero no se justifica, y a la vista está que las justificaciones que se están alegando son, o clamorosas mentiras o patéticas estupideces, este dinero falta, y si este dinero falta resultará que ha desaparecido, a la vista de todos, el equivalente de la financiación necesaria para construir otro Gran Hospital Universitario Central de Asturias, puesto que ésa es la cifra presupuestada para construir uno de los equipamientos públicos más costosos de la historia de Asturias.

¡Menudo atraco!