La oposición en las instituciones asturianas, ha venido aportando en estos últimos días, en sus comparecencias en la Junta General del Principado, documentos que avalan la necesidad de desarrollar la democracia en los medios de comunicación, mediante la tecnología digital. La costumbre de mentir en sede parlamentaria, venía siendo amparada por la imposibilidad de rebatir esas mentiras, por la incapacidad de los periódicos y el resto de los medios convencionales, para poner a disposición de los ciudadanos, los documentos necesarios para que ellos mismos puedan juzgar cómo se administran sus asuntos.

El Comentario TV ha publicado estos días tres documentos decisivos (ver Documentos de ECTV), profundamente relacionados entre sí, que vienen a demostrar la necesidad de una reforma profunda de nuestro sistema político, para desterrar esta nefasta costumbre de mentir, mediante el sencillo expediente de mostrar los documentos. El problema es que los medios digitales son todavía minoritarios, y sólo una élite culta e informada, la que tiene un acceso crítico a la banda ancha de Internet -quien sabe usarla-, puede hoy todavía acceder a la verdad por si misma, desterrando la mediación de un periodismo caduco, que perpetúa la falsedad, bien por intereses comerciales de unos medios que hoy por hoy están financiados por los gobiernos, e incluso por la falta de tiempo y capacidad real por parte de los periodistas, que en muchos casos ponen en el mismo plano las afirmaciones en el vacío de los líderes políticos, y los hechos incontestables que están en los propios documentos.

Hubo un tiempo en el que se soñaba en las posibilidades de la revolución digital para profundizar en las virtudes democráticas. Se hablaba, por ejemplo, del voto directo desde el propio ordenador, para que las decisiones pudiesen adoptarse por las masas, en una auténtica democracia asamblearia. No es necesario ir tan lejos. Basta con que se universalice la banda ancha, y se enseñen las técnicas para su uso. Así, el necesario ejercicio de la oposición política, se puede realizar hasta las últimas consecuencias, poniendo a disposición de los electores los datos, las pruebas, con las que se demuestra cuándo se les miente, y cuándo se les dice la verdad. Las palabras se las lleva el viento, pero los papeles son irrebatibles. El actual desarrollo de Internet, facilita a los ciudadanos mejor informados, estas evidencias. De los gobiernos depende que esa información se extienda con un uso crítico y libre de la red, algo que en Asturias, con actuaciones como la prohibición de ECTV en las oficinas públicas, no lleva el mejor camino.

El portavoz parlamentario del Partido Socialista, Fernando Lastra, dejó estas palabras por escrito para la posteridad, en La Nueva España del miércoles 6 de febrero: «Si la Sindicatura de Cuentas, que en su informe siguió las pautas del Tribunal de Cuentas, hubiera hallado una sola irregularidad o ilegalidad lo tendría que haber denunciado. Y esas palabras, o indicio de responsabilidad contable, no figuran ni una sola vez», dicho lo cual, Lastra intenta ocultar que el Informe enumera una larga lista de cuestiones, de diversa gravedad, que claramente no se ajustan a la legalidad, tal y como precisa el texto, de manera clara, en su página 9, y son éstas, que en su mayoría afectan a la gestión de un rosario de empresas creadas para desviar buena parte de la actividad administrativa:

1)      No existe una contabilidad de los gastos con financiación afectada.

2)      La comunidad autónoma carece de inventario actualizado.

3)      La Sindicatura no pudo determinar la amortización del inmovilizado material por falta de registros contables, y especialmente en el caso de los bienes y las obras realizadas por un gran número de empresas con las que se burla el control presupuestario.

4)      El Gobierno no facilitó las memorias justificativas del coste de los servicios públicos para el presupuesto de gastos por programas.

5)      Las empresas públicas no aportaron la información de sus contratos.

6)      Hay multitud de asientos contables no aclarados desde que se implantó, en enero del 2004, el programa Asturcón XXI.

7)      No se aportaron las sentencias de personal.

8)  La Sindicatura desconoce la deuda extrapresupuestaria del Sespa, que es la mayor de la comunidad autónoma.

Esto en cuanto al Informe de la Sindicatura sobre el ejercicio 2005, que es el primero que analiza esta institución que padeció la agresión sistemática del Gobierno, un auténtico acoso y hostigamiento, para que no pudiese cumplir con su función auditora. Pero es que en realidad, la inmensa mayoría de estas deficiencias, y especialmente su volumen económico más significativo, afecta al mayor contrato con diferencia que tiene en estos momentos el Principado de Asturias, que es un capricho personal del Presidente, como fue la construcción del nuevo hospital de La Cadellada. Para hacer esta obra y gestionar este contrato, se creó una empresa interpuesta, Gispasa, una sociedad anónima, con la única y evidente intención de poner en marcha un fraude de ley, al sustraer al control público la gestión de enormes cantidades de dinero. A partir de ahí el descontrol es total.

Gispasa burló sistemáticamente la Ley de Contratos del Estado, y el consejero Ramón Quirós ha llegado a reconocer varias veces, públicamente, que está “negociando” un sobrecoste con la UTE a la que se adjudicó la obra, como si las administraciones pudiesen “negociar” sobrecostes, cuando las obras se deben adjudicar forzosamente, mediante concursos, y especialmente, mediante subastas, para evitar la corrupción. Y encima, ese sobrecoste que se está “negociando”, se ha atribuido públicamente al “aumento del área ambulatoria”, a los “sistemas de climatización”, al cambio de las fachadas para incorporar nuevos sistemas de “aislamiento térmico”. Pues bien, ahora la oposición acaba de aportar un documento que demuestra que el 7 de febrero del 2007, se tramitó ya una ampliación solicitada por Gispasa el 22 de febrero del 2006, exactamente por esos conceptos por los que ahora “negocia” el consejero otra ampliación del coste de la obra, por valor de más de cuarenta millones de euros.

No para aquí la cosa, puesto que la oposición acaba de hacer público otro documento en el que se demuestra que el 12 de abril del 2007 se entregó a la administración un estudio adjudicado a la consultoría DMR, por 206.060 euros, realizado para “determinar las necesidades de equipamiento” del HUCA, cifras sin duda astronómicas, que por ley deberían estar contempladas de alguna manera en los presupuestos de la comunidad autónoma, para su adecuada contabilización y financiación, puesto que al igual que la obra civil de construcción del edificio, forman parte indesligable del coste global de creación de este costoso equipamiento. El consejero había negado estos datos que le fueron solicitados por la oposición en la Junta General del Principado, e incluso llegó a afirmar en los medios de comunicación que “se desconocen”.

¿Pueden soportar tranquilamente los ciudadanos estas mentiras, estas evidentes falsedades relacionadas entre sí? La ocultación a unos y otros, así como el desvío de los costes de construcción y equipamiento del hospital hacia empresas interpuestas, para burlar las leyes de contratación, la “negociación” de contratos mediante modificados que se justifican con las mismas obras una y otra vez, forman parte de un engaño sistemático a la oposición, y lo que es peor, a la Sindicatura de Cuentas, el órgano de auditoría que ha venido a sustituir en el ámbito autonómico el papel que ha ido cediendo el Tribunal de Cuentas del Reino. Se engaña a los ciudadanos, en definitiva, pues la oposición y la Sindicatura, realizan una labor de interés público.

La publicación de los documentos, su difusión a través de la red, su conocimiento por la ciudadanía más concienciada, es el único antídoto contra la evidencia de las mentiras de nuestra clase política en asuntos que, dada la ausencia de concursos y de publicidad, destilan un inequívoco aroma a corrupción.