La decisión de adjudicar la regasificadora de El Musel a la sociedad Enagas, conocida como “operador del sistema”, supuso la culminación de un proceso que delimita y condiciona profundamente el papel de nuestra comunidad autónoma, como una gran planta de producción energética. Como se decía en un Editorial de ECTV publicado en  noviembre el año 2006, en pleno auge de una patética campaña de promoción turística, “es el Paraiso Natural en el que Vicente Álvarez Areces es Yogui y todos los demás somos Boo Boo”.

Sobra motivos para pensar que el desmesurado interés por instalar esta planta en Asturias tenía como objetivo pricipal, tanto por parte del PSOE, como por parte de Izquierda Unida, entonces en el gobierno asturiano, la adjudicación de la obra a Duro Felguera, y de esos motivos no son los menores, las declaraciones de los políticos y de la empresa, que están ahí en las hemerotecas, con toda su crudeza, ahora que resulta que la obra ha sido adjudicado a Fluor Corporation, que tiene en sus manos -como también anunció en su momento- la posibilidada de subcontratar con Duro elementos esenciales del proyecto.

Lleve lo que lleve Duro de esta tajada, la parte del león ya se la llevó Fluor, y después vendrá el debate, sobre lo que se subcontrate con Duro, y lo que a su vez ésta fabrique aquí o en Vietnam. Todo ello una completa locura, si tenemos en cuenta que la planta al final no va a tener más empleados que una mediana superficie de alimentación, y que con todos los ciclos combinados, las líneas de alta tensión, los parques eólicos, las desulfuradoras de carbón y las montañas de negro mineral que se acumularán en El Musel, impidiendo otros negocios limpios y enriquecedores para los asturianos, todo el pomposamente denominado “Polo energético asturiano”, no nos va a dejar más empleo del que ya hay en el Pryca de Lugones, que está ahí instalado desde los tiempos de la Transición.

El 31 de marzo del año 2006, se incorporó la construcción de la regasificadora a la planificación energética española, con serios reparos manifestados por la Comisión Nacional de la Energía, sobre su necesidad y su oportunidad, que dejaban en evidencia el carácter arbitrario de la decisión. Se hacía eco de esta información el diario La Nueva España: El gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el 31 de marzo la revisión de la planificación energética 2002-2011 a pesar de que la CNE advirtió de que el documento pergeñado por el Ministerio de Industria presentaba lagunas. El organismo que preside Maite Costa, que emitió el 2 de febrero un informe preceptivo, aunque no vinculante, para el Gobierno, reprendió al departamento de Montilla porque, entre otros, el proyecto de la regasificadora de Gijón no aparecía suficientemente justificado en el plan. La CNE lo expresó así: «Como comentario específico al incremento de la capacidad de entrada en base a plantas de regasificación, cabe hacer mención de la nueva planta de El Musel, situada en Asturias. Este proyecto no estaba considerado en la planificación de 2002 y aparece en esta revisión sin venir acompañado de ninguna argumentación que justifique los criterios seguidos (económicos, por seguridad, etcétera) para su inclusión en la planificación como alternativa al incremento de la capacidad de otras plantas ya existentes o incluidas en la planificación con anterioridad».

En abril de aquel año, sin esperar a la adjudicación de la gestión, y con una prisa sorprendente, Enagás presentó una memoria en el Ayuntamiento de Gijón, en la que se sentaron las bases para dar curso a la tramitación de los aspectos administrativos más engorrosos, como los son especialmente todos los relacionados con las regulaciones legales de las cuestiones de impacto ambiental.

Los efectos de estas decisiones pasaron desapercibidas para la población -la llamada “gente de la calle”- sin dar oportunidad a la protesta ni a la concienciación pública sobre lo que se viene encima a los ciudadanos del este de Carreño, ni por supuesto a los de El Muselín, Jove, el Natahoyo o la Calzada, barrios populosos que se van a ver agraciados con la vecindad de esta instalación, calificada por los expertos, como de máxima peligrosidad.

En la misma memoria, Enagás se refería a este hecho con un notable cinismo, muy profesionalizado, pues se dice expresamente que se “guarda la distancia suficiente con las poblaciones”, un aspecto éste de un tercermundismo singular, pues parece ser que este tipo de riesgos están pésimamente regulados en nuestra legislación, si tenemos en cuenta que la tendencia en los países civilizados es construir estas plantas lejos de las costas, para preservar a la población de riesgos innecesarios.

Así pues, Asturias, finalmente, nada va a sacar en limpio de la construcción de este emporio cancerígeno, contaminante y contradictorio con un desarrollo razonable del comercio y los servicios en general, y ni siquiera sus propios promotores parecen haber conseguido lo que pretendían. Todo terriblemente desmoralizador. Nos vendemos por nada, pues al final todos se han quedado con un palmo de narices, y a partir de este momento, intentarán convencernos de lo contrario.

 El peligro de las regasificadoras