La huelga de la construcción en Asturias, en 1977, fue la primera prueba de fuego que soportó el proceso conocido como la Transición, en la entonces Provincia de Oviedo, pues muerto Francisco Franco Bahamonde en el 75,  y con España  en plena efervescencia democrática, el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones del tiempo nuevo, en medio de una extraordinaria agitación, ya que desde más de dos meses antes, Asturias vivía con intensidad los efectos de una durísima huelga del sector de la construcción que se llevó por delante cualquier expectativa de abordar el proceso de una manera serena (véase esta interesantísima colección de diapositivas).

En aquella ocasión, los trabajadores doblegaron al gobierno, y cuando el 11 de julio la Delegación de Trabajo firmó la paz, tal y como cuenta César Alberto Rosón, por entonces secretario general de la CNT en Asturias, “el salario mínimo del peón pasó de 400 a 732 pesetas, no hubo despidos y se cobraron las pagas extraordinarias íntegras, sin descontar los días de huelga. La resolución de Trabajo se produjo un día antes de la fecha señalada para que 22.000 familias emprendiesen una marcha a pie hasta Madrid“.  En octubre de aquel año se constituía la Confederación Asturiana de la Construcción y la patronal comenzaba a organizarse, al calor de los “Pactos de la Moncloa”, mientras los sindicatos se abrían en desbandada, en manos de los profesionales portapancartas.

Cuando diez años después, los sindicatos CCOO y UGT firmaron con la patronal asturiana el Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas del Principado de Asturias, publicado en el B.O.P.A. de fecha 12 de agosto de 1.988, por parte de la patronal ejercía como factótum un hombre que había sido en todo momento protagonista de la construcción, pero hasta entonces no tanto de la del ladrillo, como la de la política: Serafín Abilio Martínez. De aquel convenio surgía su gran invento -o mejor dicho al revés; de su invento salía el convenio-, la Fundación Laboral de la Construcción, un órgano que ponía a trabajadores y empresas a desfilar sobre la gran explanada de El Caleyu, en las proximidades del lugar donde el gran muñidor fabricaba sus “derivados” del cemento, con permiso del gran poder cementero regional.

El papel de Abilio  se puede ver en este notable documento de 1982, una noticia elaborada sobre datos proporcionados por el entonces corresponsal de El País en Asturias, el hoy hombre fuerte de la información en la comunidad astur, José Manuel Vaquero, que transmitía a Madrid los detalles de la conspiración que se desarrollaba por estos pagos, con el pretexto de una conversación entre Rafael Calvo Ortega -de aquella venía mucho por aquí- y el entonces ministro Matías Rodríguez Inciarte -hoy presidente de la Fundación Príncipe de Asturias y brazo derecho de Emilio Botín- que traían y llevaban mensajes entre Landelino Lavilla y Adolfo Suárez, en plena crisis de UCD, que acabaría con la victoria de Felipe González en las elecciones del 28 de octubre. En aquellos momentos, Abilio -que aún no tiene una biografía en condiciones-, que ejercía como secretario general de la UCD de Asturias, era el pilar regional de los “suaristas”, que clamaban contra la “derechización” del partido.

Felipe González acabó con todo aquel maremagnum que tenían organizados los barones de la UCD y Abilio abandonó la política activa de manera visible, para sumergirse en la fontanería patronal, aunque durante muchos años tuvo cogidos los restos del “suarismo” por donde les dolía, manteniendo los trozos de aquella formación que flotaban a la deriva, con el eterno diputado Alfonso Román López, como palanca en la política regional, una palanca llamada CDS, con cuya capacidad de apoyo sobre un punto, movía el sector de la construcción en Asturias, pactando una y otra vez los presupuestos regionales con Pedro de Silva, que abonaba consensos en metros cuadrados y grandes redes de saneamiento y carreteras, por otra parte muy necesarias.

Y fue en época de Pedro de Silva, cuando tras años de tanteos y escozores múltiples, Abilio tuvo la genial idea de pactar entre sindicatos y empresas del sector, la renuncia de los trabajadores y las promotoras y constructoras, a cobrar la paga de antigüedad los unos, y a pagarla  los otros, transfiriendo tal responsabilidad -y poder- a la fundación, que se encargaría de domesticar a los sindicalistas, a partir de ese momento, convirtiéndolos en grandes y muy bien retribuídos “profesores” de las disciplinas constructivas, mientras que los patrones cedían esos fondos a la Fundación, a cambio de que la entidad se encargase de los “consensos”, una tecnología que Abilio había aprendido de maravilla al lado del maestro Suárez.

Así, la antigüedad pasó a denominarse “Fondo Especial de Asistencia Social por Fidelidad al Sector“, lo que aparte de cambiarle el nombre, la cambiaba de manos, pues desde entonces las empresas meten el dinero en la FLC y la FLC en los bolsillos de los trabajadores, en un alambicado recorrido que no se hace a humo de pajas. Una pasta gansa que otorga el timón del sector a la patronal, que tiene a los empresarios bien cogidos, puesto que les ahorra la generación de derechos de antigüedad a los empleados, que renuncian a ella por convenio, y por lo tanto también dependen, en su estabilidad, de un poder moderador ubicuo y divino.

Todo estaba muy bien encajado, pero ahora ha surgido un problema. Un convenio tan intervencionista como el de la construcción -del que estarán orgullos nuestros “liberales”-, que otorga tanto poder económico y regulador a la patronal, no podía dejar de crear problemas, al no cumplir luego las empresas los trámites para el despido a los que todos se obligan por convenio, tal y como establece la sentencia que acaba de fallar el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el caso del trabajador despedido Juan Carlos Castaño Prieto, que recuerda que los recibos de finiquito que firmen los trabajadores han de redactarse sobre el modelo oficial expedido, en este caso, por la Confederación Nacional de la Construcción, de acuerdo con el vigente convenio 2007-2011. Según ha comentado el abogado del despedido, Ángel Balbuena, “los finiquitos firmados en blanco quedan invalidados”.

¡Vaya vaya, cuanta formalidad para recaudar el “Fondo Especial de Asistencia Social por Fidelidad al Sector”, y qué poco rigor para firmar los finiquitos! Ahora nos vienen los problemas.

 

1977: Los trabajadores y el ministro