En la legislación comunitaria, los impuestos conocidos en España como “impuestos especiales”, se denominan en francés droit d’accises un concepto histórico que tiene que ver con dos cosas relacionadas con el comercio, en el sentido más tradicional: la fiscalidad una, y la moral pública otra -no la ética, obviamente-, así como suena, y es ese contenido moral el que permite gravar tres cosas, como son el alcohol, el tabaco y los combustibles derivados del petróleo, porque son considerados en cierto sentido artículos de lujo que en unos casos emborrachan, en otros producen cáncer, e incluso, como en el caso de los combustibles, contaminan.

El impuesto conocido como “céntimo sanitario” es un impuesto especial, cuya recaudación teóricamente se cede a las comunidades autónomas, que amplían su capacidad de ingresar dinero, pero que en la práctica no es que se ceda nada, dado que antes no se cobraba, sino que se trata de una recaudación que se transfiere a las comunidades que decidan cogerla, que es donde sin duda se sale de la legalidad europea, puesto que en el artículo 3, párrafo 2, de la directiva 92/12/CEE está previsto que este tipo de productos pueden ser objeto de otras imposiciones indirectas que “persigan finalidades específicas y en condiciones claramente definidas”, lo que evidentemente choca con el afán puramente recaudatorio de una comunidad que, como las otras cinco comunidades españolas que lo cobran, sólo tienen la intención de engordar sus presupuestos. El “céntimo sanitario” es un nuevo impuesto, por mucho que lo recaude Madrid -y no como falsariamente dicen, “cedido”- y no tiene una “finalidad específica”, puesto que no se aplica para un fin concreto, como podría ser, por ejemplo, la “ecotasa”, y además, como también recuerda la Unión Europea en su resolución sobre la ilegalidad del mismo, se aplica en la venta al detalle, y no sobre el último “depositario fiscal”, con lo cual también tiene un efecto perverso añadido, al mezclarse y enredarse con otros impuestos.

Cuando en el año 2005 José Luis Rodríguez Zapatero se inventó lo que de aquella se llamó “conferencia de presidentes”, en la que se habló de cómo recaudar más dinero para las comunidades autónomas, con el pretexto de financiar la sanidad -y digo pretexto, porque de lo que se habló en realidad es de cómo recaudar más-, se autorizó a las comunidades autónomas a cobrar 0,024 euros sobre las gasolinas, adicionales a los 0,024 euros  que algunas comunidades ya estaban cobrando, como es el caso de Asturias, Madrid, Galicia y Cataluña. Como había elecciones no se atrevieron a cobrarlo, y el alza de los carburantes paralizó la aplicación de esta medida definitivamente.

La otra cuestión en la que necesitamos refrescar la memoria, ahora que hablamos de historia reciente, es que esto se hizo en el momento en el que Asturias se metió en un gasto anual de una cifra indeterminada y desconocida, que habría que calcular sumando el gasto corriente, las inversiones directas, la producción de programas y las instalación de antenas, para que el presidente Vicente Álvarez Areces, “Vicente el Presidente”, pueda salir por televisión como Hugo Chávez, que en ningún caso baja de los cinco mil millones de las antiguas pesetas, una cifra equiparable a lo que el Principado recauda por el impropiamente llamado “céntimo sanitario”. Afirmar que el “céntimo sanitario” se aplicó en Asturias para financiar la RTPA no sólo no es faltar a la verdad, sino expresarla con precisión, puesto que precisamente esto es lo que viene a decir la Unión Europea, al establecer la ilegalidad de este impuesto, que no tiene una “finalidad específica”, sino “presupuestaria”.

¿Acaso la comunidad autónoma marca de color el dinero que se paga en la gasolinera -como hace Hacienda con el color del gasoil de calefacción para evitar el fraude- y luego Jaime Rabanal busca esos billetes coloreados y se los da al consejero de Salud para que los gaste en medicinas? Evidentemente no, ese dinero pasa a formar parte del conjunto de los ingresos con que se pagan los gastos públicos, sean sanitarios o no. Si el único gasto nuevo de un volumen equiparable que se creó es la TPA, sólo quien se empeñe en negar lo evidente, podrá negar que con lo que pagamos en la gasolinera se está financiando este carísimo capricho, que por otra parte de alguna parte tenía que sacar su financiación. Un gasto que no existía, un ingreso que no existía. Sólo alguien con mucho cinismo puede negar que el ingreso se habilitó para financiar el gasto.

¿Qué va a ocurrir ahora? ¿De dónde va a sacar Areces el dinero para seguir financiando su televisión? De momento él intenta salvar la situación lanzando la responsabilidad al Estado, porfiando en el engaño de que es un dinero para la sanidad porque así lo dicen ellos, pero yo creo que debemos ser nosotros los ciudadanos lo que tomemos las medidas oportunas para acabar de una vez por todas con este atraco. ¿Cómo? Muy sencillo. Estoy convencido de que los consumidores pueden exigir la devolución del dinero impropia e injustamente recaudado a instancias de la Comunidad Autónoma, al decidir aplicar un impuesto ilegal que pesa directamente sobre nuestros bolsillos. ¿Qué no es posible calcularlo? ¿Por qué no un tanto alzado? Lo único que es injusto e ilegal es que la administración haya experimentado un “enriquecimiento injusto” cobrándonos un impuesto que no tiene base legal para su aplicación.