Mientras el diario El Comercio recoge algunas reacciones de “preocupación” ante la situación que se plantea por la implicación de Corporación Alimentaria Peñasanta en lo que el diario El País califica como el “gigantesco fraude a la Unión Europea” de la “leche negra”, tanto el propio El Comercio como La Nueva España, que en todo momento ha evitado referirse a este escándalo, recogen una “oferta” de Cajastur, a los titulares de las acciones de la nueva sociedad que puede salir de la aplicación del Plan Silva-Cuervo, para la transformación de la cooperativa en sociedad limitada, una oferta extraña y poco atractiva en principio, puesto que nada se cuantifica y sólo se habla de “un valor razonable y equitativo” para la compra de las acciones de los ganaderos, cuando el problema que se puede plantear es que esas acciones sean compradas por cualquier compañía que desee hacerse con el patrimonio de la Central Lechera Asturiana y el control de la propia Capsa, por lo que, tal y como plantea las cosas Cajastur en esta supuesta operación para “garantizar su asturianía”, no se garantiza nada, puesto que el compromiso es ninguno, dado que cualquier otra compañía que esté detrás de esta operación puede hacerse con las acciones en cualquier momento y con gran facilidad, ofreciendo un precio un poco mayor, en el caso, insistimos, de que el plan salga adelante con el respaldo de la mayoría de los socios de Clas.

El propio diario La Nueva España ya advierte de que éste es uno de los puntos flacos del plan Silva-Cuervo, que habrá de someterse a votación el próximo 6 de junio, desde el punto de vista de los efectos que el cambio societario podría tener sobre el control de la compañía, y explica que “en la actualidad, Clas posee el 56,39 por ciento de la Corporación Alimentaria, seguida de Bograin (27%), Cajastur (10%) y Caja Rural (5%). Con este reparto accionarial los socios de Clas mantienen blindado el control de Capsa. Pero el panorama puede cambiar cuando la actual cooperativa se transforme en sociedad limitada. Entonces las participaciones de los cooperativistas serían libremente negociables, con lo que bastaría con adquirir un 51% de Clas para controlar la marca Central Lechera Asturiana, el principal activo del grupo, y hacerse con el paquete que controla Capsa. Una inversión relativamente pequeña bastaría para tener el control del grupo. Además, el 49% restante de socios de Clas que no hubieran vendido ya sus acciones se quedaría sin posibilidad de hacerlo. De nada servirían sus títulos en ese nuevo equilibrio de poderes“. Así pues, qué más da lo que ofrezca Cajastur, a un valor “independiente y actualizado” -tal y como describe LNE la operación-, si el que quiera hacerse con Capsa y el patrimonio de Clas, va a poder hacer lo mismo, con más libertad económica que una caja, para asegurarse el paquete de control, como es el caso por ejemplo de Bongrain, que ya cuenta con el 27%.

Más llamativo que las propias debilidades de este sedicente plan, que se presenta con muy poco entusiasmo, todo hay que decirlo, el mismo día en que El Comercio se decidió a dar a conocer públicamente la información sobre la gran estafa divulgada por El País en sus páginas dominicales, es que esta oferta de Cajastur se publique con esa casual simultaneidad, como una gran noticia, como pretendiendo cubrir, entre los asturianos que no se han enterado de lo ocurrido, el conocimiento de unos hechos que son de interés general y de gran trascedencia en Asturias, dado el papel que juega aquí la compañía Capsa y especialmente Clas. Los asturianos no leen El País más que en una reducidísima minoría, y según La Nueva España casi todos leen ese periódico y sólo unos pocos El Comercio, con lo cual, parece evidente que se pretende impedir que quienes tienen que tomar una decisión en Clas de manera inminente, y quienes opinan a su alrededor, estén informados de lo que sucede, cosa imposible, puesto que la sociedad de la información no está para esos lujos, y las noticias que más se quieren ocultar, suelen volar de boca en boca.

En cualquier caso, el espectáculo, desde un punto de vista democrático, es aterrador, puesto que nunca fue tan evidente la implicación de todos, partidos, prensa y Cajastur, en este caso, en el intento desesperado de neutralizar el derecho de los ciudadanos a la información, y a ser informados, sobre un escándalo de esta magnitud, que tantas implicaciones tiene para la vida económica asturiana y la supervivencia de su ganadería.