No sé qué tiene que ocurrir, para que los personajes que se supone que se ocupan de las cosas de todos, puedan ofrecernos algo serio por una vez en sus vidas y en las nuestras, cuando las cosas se están poniendo muy feas, dada la tendencia al engaño y al trampantojo sistemático que ha demostrado la clase política española, que con unánime aplauso, ha sido capaz de llevarnos, impasible el ademán, hacia la ruina, desmantelando los restos del naufragio de nuestra industria, para impulsar la construcción de más viviendas de las que podemos llegar a ocupar en muchos años, a la salud de las empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, que han tenido la gentileza de pagar muchas comisiones por doquiera, más aún que las grandes superficies comerciales, y por eso, han visto impulsado su negocio hasta el límite de que en España ya no existe gente que pueda entrar a habitar, en muchos años, todo lo que hemos sido capaces de construir en esta nave de locos.

¿No hay responsables de este desmadrado desfase? Todos, y como lo son todos, no lo es ninguno. Pura lógica matemática.

Cualquiera que analice los datos sobre la evolución de la vida económica española en los últimos ocho años -utilice los parámetros que utilice-, ve el paralelismo preciso entre el porcentaje de actividad industrial que desaparece y el de actividad inmobiliaria que se impulsó, así como el nefasto papel que juega España en la nueva economía de las industrias tecnológicas, con un elemento para la comparación tan significativo, como puede ser, por ejemplo, el de Hungría, un país que como vemos en el Informe Orange 2007 parece haberse puesto las pilas de verdad, y no como hacemos aquí, donde tenemos a la prensa contándonos todos los días que la informática de la administración, privatizada y organizada en un lobby -no otra cosa es nuestro sector tecnológico-, es un pujante y dinámico mundo, cuando sólo son unos cuantos chollos, cuyas cifras mueven a risa.

Que promotoras inmobiliarias, gobernantes y medios de comunicación van en comandita, es algo evidente, a la vista de que estos industriales todavía tienen el raro privilegio de que políticos y prensa sigan negando la mayor, jurando y perjurando, día tras día, que el del ladrillo es un sector, en el que la ley de la oferta y la demanda no existe, y que los pisos que están ahí, terminados, listos para su venta, por mucho que nadie quiera ni pueda comprarlos, no van a bajar de precio, porque un lugar para vivir no es lo mismo que una sardina, y la saturación de ese producto en el mercado no determina el derrumbamiento de sus costes para los compradores. Al final la realidad llega y cualquiera puede ir comprobando, con un sano ejercicio de hemeroteca, las sandeces que se han venido diciendo sobre el sector inmobiliario, como algo ajeno a las leyes de la física, la química y la gramática parda.

Para su desgracia -para desgracia de políticos y especuladores-, la verdad se impone y la ley de la oferta y la demanda es eso, una ley básica, y el precio de la vivienda se despeña inevitablemente, pero este siniestro episodio económico que estamos viviendo en la actualidad, aparte de darnos una muestra del nivel de corrupción al que ha llegado la política, así como de la tremenda mercantilización de las empresas de comunicación, demostrará a algunos inocentes, que han realizado el gesto heróico de desembolsar su dinero en estos momentos, como un auténtico acto patriótico, sin esperar a la verdadera caída de los precios de los pisos, que viven en un mundo al revés, y que en contra de lo que podría creerse, las personas aparentemente más responsables, han decidido ponerse de acuerdo, como auténtica banda de pícaros, para apuñalar a los cándidos compradores de viviendas, para que cometan el error de soltar los ahorros que no tienen, cuando ya han bajado lo suyo, pero tienen que bajar todavía mucho más.

¿Cómo es posible que los agentes del negocio inmobiliario encuentren eco en las autoridades y los encargados de hacer valer el público derecho a la información, para impulsar a los pobres infelices -que no lo son tanto, pues de hecho no se vende- a seguir desembolsando por un piso unas cifras que unos y otros se han empeñado durante meses en jurar y perjurar que no bajarían, cuando a la vista está que están cayendo en picado, por mucho que se maquillen los datos? ¿No es eso una estafa? ¿No es una estafa intentar contener los efectos de la oferta y la demanda en un negocio fácil que ha generado unos beneficios abusivos y desmesurados durante un largo período de tiempo? A mi entender lo es, y especialmente grave, pues semejante comportamiento da cuenta del grado de conchabamiento al que han llegado unos y otros, y por lo tanto, de su nula fiabilidad.

“Es que la economia española depende del sector del ladrillo, que es su motor”, dicen. Pues que gripe de una vez, que reviente -lo hace sin ayuda de nadie- y nos vamos buscando otro, que falta nos hace, y los que han organizado el entuerto que lo deshagan, pues por muy brutales que sean las consecuencias, la culpa nunca va a ser de los mensajeros por mucho que se la echen. El problema es que retóricas liberales aparte, la economía necesita dirección e impulso, y en este país no existe tal cosa, porque si todo se basa en siderales mentiras y engaños a los administrados, como estamos viendo en un caso tan palmario, ¿qué no ocurrirá con lo demás?

Para opinar sobre las cosas, hacen falta datos, y en el Reino del Estado -Ex Reino de España- comienza a ser esencial contar con datos, y cuanto más pienso en la posibilidad de que se publiquen unas balanzas fiscales reales -que el ministerio de Pedro Solbes ya se encargó de filtrar que serían incomprensibles-, más importante empieza a parecerme contar con tales documentos, por muy difícil que sea su elaboración, ante el inicio de las hostilidades entre comunidades, a cuenta de los dineros autonómicos, a partir del próximo 28 de mayo, en la primera reunión de la Comisión Mixta entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el de José Montilla, donde se empieza a aplicar por primera vez el concepto de bilateralidad previsto en el Estatuto de Cataluña.

Pero que sean balanzas fiscales de verdad. Que se sepa cuánto aporta cada comunidad, pero también cómo y en qué lo gasta, y ya sabemos que en realidad tributan los indivíduos y no los territorios. Pero es que en España, los territorios hace mucho ya que están por encima de los indivíduos, y puestos así, ¿qué tiene de malo que sepamos cuánto aporta a la riqueza nacional, y cuánto gasta, y en qué, cada comunidad autónoma? Es lo mínimo que tenemos derecho a saber, porque ya no vale el cuento de hablar de ideas metafísicas de hermandad humana, cuando de lo que se trata es de montar televisiones autonómicas, comprar la opinión y la información de los medios con sobornos publicitarios, untar a empresarios y sindicatos con fondos de formación, adjudicar obras faraónicas que no tienen ni pies ni cabeza, y en definitiva, de alimentar un auténtico cáncer del sistema, como es la partitocracia repartida en 17 bunker de corrupción y despilfarro.

Voy a decirles una cosa: mi opinión es que conocer esos datos es esencial, especialmente, para los que vivimos en las comunidades más deprimidas y corruptas, que son aquellas que más dependen del asalto a la caja pública que el cinismo del lenguaje político denomina solidaridad, y no me parece que sea éste un mal debate, en un país tan necesitado de transparencia. ¡Cómo no voy a comprender que un catalán quiera saber qué se hace con su dinero en Asturias o en Extremadura! Yo no soy catalán, sino asturiano, y también quiero saberlo.